La injusticia de la justicia
Aquella mañana lluviosa la joven abruptamente se despertó.
Una pesadilla le anunciaba un mal presagio que la invadió.
Miró a su esposo con amor y su barriguita con cariño acarició;
se dirigió hacia las escaleras, dió un mal paso y tropezó.
Rodó 5 escalones y la conciencia inmediatamente perdió.
Su esposo, al escuchar el impacto, corriendo hacia ella se acercó,
al ver que su esposa no respondía a la línea de emergencias llamó.
A la sala de urgencias la futura madre ingresó, una emergencia obstétrica la joven presentó.
Los médicos no pudieron hacer nada y a su bebé inevitablemente perdió.
Fue un accidente del destino pero eso a nadie le importó,
fue acusada de homicidio agravado y la justicia a 30 años de prisión la condenó.
En su país el aborto es un delito, ¡bajo cualquier situación!
Ella amaba y deseaba, y había planeado a ese bebé con todo su corazón,
pero la injusticia de la justicia a la joven criminalizó,
acabando con su futuro y con todo lo que construyó.
Ahora, está tras las rejas pagando por un delito que nadie investigó
y en el que el único culpable fue el destino, que una mala jugada le pasó.
Existe en centroamérica, una nación llamada El Salvador,
en donde sus mujeres son estigmatizadas y criminalizadas sin salvación.
FIN
Muy preocupante
Desde 1998 el Código Penal salvadoreño prohíbe el aborto sin excepción alguna, la mayoría de veces los jueces y fiscales criminalizan los casos de aborto involuntario o muerte fetal como “homicidio agravado”, llevándo a las mujeres a condenas que pueden llegar hasta los 30 años de prisión, sin una investigación preliminar, con graves consecuencias para las mujeres y niñas víctimas de violaciones o abusos sexuales. Organizaciones de derechos humanos y feministas han solicitado al gobierno una reforma de las leyes que puedan despenalizar el aborto, o por lo menos flexibilizar las arbitrariedades a las que son sometidas las mujeres con emergencias obstétricas. Sin embargo, los esfuerzos han sido en vano y aunque muy pocas han logrado alcanza su libertad, gracias a los esfuerzos de las organizaciones, otras han sido consumidas por las penas impuestas hasta el punto de alcanzar la muerte en prisión; como fue el caso de Manuela, una mujer salvadoreña que falleció pagando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario, tipificado como “homicidio agravado”. Por este suceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado de El Salvador, después de 11 años de su muerte. Según la oenegé Colectivo Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), en las últimas dos décadas se penalizó en ese país centroamericano a cerca de 181 mujeres que sufrieron un aborto espontáneo. Y es que las historias que viven estas mujeres son parecidas, todas son sometidas a un sistema carcelario que las discrimina y estigmatiza, bajo condiciones de hacinamiento e insalubridad. Por otra parte, las que logran alcanzar su libertad, son señaladas por la sociedad, sus antecedentes penales no desaparecen, haciendo que la reincorporación y la búsqueda de trabajo se convierta en un infierno, negándoles, de esta manera, la oportunidad de continuar con sus vidas en libertad. En el Salvador, el actual presidente Nayib Bukele, retiró de la propuesta de reforma constitucional, elaborada por su gobierno en 2021, la legalización del aborto terapéutico, negando la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando está en peligro la vida de la madre, luego de reclamos por parte de la Iglesia católica. Así las cosas, por el momento, no se divisa un cambio cercano en el marco legal sobre el aborto.
